21 | 11 | 2019

España, después de diez años, acaba de salir del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) de la Unión Europea (UE), pero sigue siendo sometida por parte de Bruselas a “un examen exhaustivo”, que incluye la exigencia de recortar 7.800 millones de euros anuales de gasto público, no de intereses de la deuda.

El pasado 14 de junio de 2019, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la UE clausuró el Procedimiento de Déficit Excesivo aplicado a España, confirmando que el país ha reducido su déficit por debajo del 3% del PIB, valor de referencia de la UE, y derogando así su decisión de abril de 2009. Tras la salida de España, actualmente no hay ningún estado sujeto a Procedimientos de Déficit Excesivo, frente a los 24 que hubo en 2010-11, en el punto álgido de la crisis del euro.

Ahora bien, tal y como se encargó de recalcar el propio Consejo en su nota de prensa, una vez fuera del Procedimiento de Déficit Excesivo, España “sigue estando sometida a la vertiente preventiva del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el código normativo de la UE en materia presupuestaria” [1].

De hecho, el Consejo de la Unión Europea, en sus recomendaciones y dictámenes sobre las políticas económicas, presupuestarias y de empleo de los estados miembros correspondientes a 2019, publicadas el pasado 9 de julio, recuerda que la Comisión Europea adoptó el informe sobre el mecanismo de alerta en el que “se señalaba a España como uno de los estados miembros que serían objeto de un examen exhaustivo” [2].

El análisis de la Comisión la llevó a concluir que “España está experimentando desequilibrios macroeconómicos. El alto nivel de endeudamiento interno y externo -tanto público como privado- y el elevado desempleo siguen siendo, en un contexto de bajo crecimiento de la productividad, puntos vulnerables con incidencia transfronteriza. Se observan progresos en la reducción de la deuda privada, pero las necesidades de desapalancamiento siguen siendo considerables. A pesar de que el Producto Interior Bruto (PIB) continúa creciendo vigorosamente, la deuda pública como porcentaje del PIB sigue siendo elevada (...)”.

En su intromisión ’austeritaria’ en las políticas económicas de los estados miembros, la UE se permite señalar que el Programa de Estabilidad de 2019 español “no establece ningún plan para hacer que la aplicación de esos instrumentos [preventivos y correctores previstos en la Ley de Estabilidad española] sea automática ni para revisar la norma de gasto de la Ley de Estabilidad [3] con vistas a reforzar su contribución al saneamiento presupuestario (...)”.

Y no deja lugar a dudas acerca de la vigilancia a la que sigue sometiendo al país: “Tras la corrección oportuna y duradera del déficit excesivo y la Decisión (UE) 2019/1001 del Consejo [4] de derogar el procedimiento de déficit excesivo, España se encuentra actualmente en el componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y está sujeta a la norma transitoria de deuda”. Ya que, “no se prevé alcanzar, durante el periodo cubierto por el Programa de Estabilidad de 2019, el objetivo presupuestario a medio plazo consistente en una situación de equilibrio presupuestario en términos estructurales. (…) Los riesgos para la consecución de los objetivos presupuestarios fijados en el Programa de Estabilidad de 2019 afectan sobre todo a los ingresos, ya que es grande la incertidumbre respecto a la recaudación o a las posibilidades de adopción de muchas de las medidas de obtención de ingresos”.

En su examen, el Consejo Europeo prosigue: “El 13 de julio de 2018, el Consejo recomendó a España que garantizase la tasa de crecimiento nominal del gasto público primario neto [5] no supere el 0,6% en 2019, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB. Según las previsiones de la primavera de 2019 de la Comisión, existe un riesgo de desviación significativa de la trayectoria de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo en 2019. En 2020, en vista de la ratio deuda pública / PIB de España, que supera el valor de referencia del Tratado del 60% del PIB, y de la previsión de una brecha de producción positiva del 2,0% del PIB, el gasto público primario neto nominal no debería aumentar en 2020, en consonancia con el ajuste estructural del 1% del PIB derivado de la matriz de ajuste de exigencias consensuada en virtud del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”.


La proporción de personas en riesgo de pobreza, por encima de la media de la Unión

En el capítulo de las deficiencias, el Consejo señala que “tanto la proporción de personas en riesgo de pobreza y de exclusión social como la desigualdad de ingresos permanecen por encima de la media de la Unión. (...) Las tasas de pobreza de las personas con empleo son altas entre los trabajadores temporales, con baja cualificación o nacidos fuera de la UE. (…) La tasa de pobreza infantil sigue siendo muy alta. (…) La eficacia de las prestaciones sociales -excluidas las pensiones- para reducir la pobreza continúa siendo una de las más bajas de la Unión, especialmente en el caso de los menores. (…) El gasto social como porcentaje del PIB en España para los hogares con hijos es uno de los más bajos de la Unión. (...) Existen aún deficiencias importantes en a cobertura de las personas con dependencia severa y moderada. (…) Hay personas necesitadas que no reciben ayuda. (…) La situación requiere inversiones en políticas de inclusión social e infraestructuras sociales (por ejemplo, en vivienda social) a fin de lograr un crecimiento inclusivo. (…) Algunas zonas de España figuran entre las más expuestas de Europa al cambio climático, al estar sus recursos hídricos bajo presión y necesitar más inversión en infraestructura para mejorar la gestión del agua. (…) Además, España se enfrenta a retos específicos de cohesión territorial como, por ejemplo, el despoblamiento y el envejecimiento agudos en determinadas zonas rurales”.

Se olvida el documento de reconocer que no pocos de esos desequilibrios son consecuencia directa de las políticas de austeridad exigidas desde Bruselas, que poco o nada ha hecho para corregirlos. Ahora bien, sigue dando consejos que atentan contra lo público, tales como que “se ha de hacer más hincapié en las asociaciones público-privadas, en la cooperación entre el mundo académico y las empresas y la transferencia de tecnología (...)” y profiriendo amenazas, como: “El hecho de que los incrementos de las pensiones se sigan vinculando a lainflación (según lo decidido en 2018 y 2019) y el aplazamiento del factor de sostenibilidad requerirían medidas compensatorias para asegurar la sostenibilidad del sistema de pensiones a medio y largo plazo”.

Finalmente, las principales recomendaciones del Consejo de la UE a España son las siguientes: Que tome medidas en 2019 y 2020 con el fin de “garantizar que la tasa de crecimiento nominal del gasto público neto no exceda del 0,9% en 2020, lo que corresponde a un ajuste estructural anual del 0,65% del PIB”; y “destinar los ingresos extraordinarios a acelerar la reducción de la ratio de deuda pública”.

Según el Banco de España, la deuda de las Administraciones Públicas se situó en el 98,7% del PIB en el primer trimestre de 2019 [6]. La tasa se crecimiento del saldo de deuda fue del 3,3% en términos interanuales. El saldo de la deuda del conjunto de la Administración Central se elevó a 1.070.000 millones de euros en marzo de 2019, lo que representa el 87,9% del PIB. El crecimiento de la deuda de este subsector en términos interanuales fue del 4%. Por su parte, el saldo de deuda de las Administraciones de Seguridad Social se situó en 43.000 millones, con un crecimiento anual del 57,4% [7].

Por su parte, la deuda de las Comunidades Autónomas creció hasta los 297.000 millones de euros en marzo de 2019, un 24,4% del PIB, con un aumento interanual del 2,4%. Y la deuda de las Corporaciones Locales se mantuvo estable en 26.000 millones de euros en el primer trimestre de 2019, lo que representa un 2,1% del PIB y supone un 10,4% menos que el saldo registrado un año antes.

Cabe recordar que tanto la deuda como el déficit de España se dispararon en 2012, el año del escandaloso rescate de la banca española por parte de la UE. La deuda se elevó nada menos que 16,2 puntos básicos, del 69,5% al 85,7% [8] y el déficit, incluyendo las ayudas a la banca, ascendió al 10,6% del PIB, el más abultado de toda la UE [9].

Estas obligaciones, más que recomendaciones, están en línea con la filosofía de la modificación del artículo 135 de la Constitución Española perpetrada por el Gobierno de Zapatero (PSOE), en connivencia con el PP, en agosto de 2011, preparando el terreno al rescate de la banca española mencionado, un año después. Modificación constitucional que atenta contra el principio del “interés general” que atraviesa toda la Constitución [10].

Fuente:

Agencia Bolivariana de Prensa

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