23 | 10 | 2019

Con una visión claramente parcializada y selectiva de la realidad venezolana, este jueves, fue difundido el informe realizado por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, documento que privilegia fuentes carentes de objetividad y que excluye casi en su totalidad la información oficial y elementos aportados por las autoridades del Estado venezolano durante su visita entre el 19 y 21 de junio, así como también durante la visita del equipo técnico de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos entre el 11 y 22  de marzo de 2019.

Asimismo, el informe omite en su totalidad los logros y avances alcanzados por el país suramericano en temas de derechos humanos, transgrediendo las normas y principios que exhortan a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a realizar una evaluación objetiva y balanceada sobre los países que integran el Sistema de Naciones Unidas (ONU).

Simultáneamente, la Organización de Naciones Unidas publicó un informe elaborado por el gobierno venezolano en contraparte al parcializado documento, y que insiste en que la objetividad pretendida sólo puede ser alcanzada con un justo balance en el manejo de las fuentes de información, así como de los avances y desafíos que presenta un determinado Estado sometido a valoración.

Bajo esta premisa, es necesario considerar que el 82% de las 558 entrevistas utilizadas para fundamentar el informe de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, corresponden a personas ubicadas fuera del territorio nacional, a pesar de que dicha oficina realizó dos visitas al país durante este año.

Durante la misión realizada en el mes de marzo, los representantes de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, tuvieron la oportunidad de visitar cinco centros de privación de libertad, tres hospitales, un almacén robotizado de acopio y distribución de medicamentos, un urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela y dos centros de expendio de alimentos, entre otros. Por lo que el informe venezolano estima que:

“Tampoco es objetiva una evaluación que abunde en referencia a los sectores críticos y omita la información oficial aportada por el Estado o las referencias positivas realizadas por organizaciones internacionales competentes en la materia”.

Omisiones del informe de Michelle Bachelet

Entre diversas omisiones, sobre el poder adquisitivo del venezolano, el informe de Michelle Bachelet no hace referencia a otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el mismo. Entre esas medidas se encuentran: el sistema de asignaciones dinerarias mensuales a través del Carnet de la Patria, el subsidio general a los costos de los servicios públicos como, agua, electricidad, gas doméstico, transporte, internet, la gratuidad del sistema educativo y de salud.

Sostienen, además, que el Estado venezolano no ha demostrado haber usado todos los recursos a su disposición para asegurar la progresiva realización del derecho a la alimentación, cuando sí fueron presentadas las pruebas a la Alta Comisionada y su equipo.

El informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, tampoco hace referencia a los programas sociales que garantizan el derecho a la alimentación del pueblo venezolano tales como: Los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), El Programa de Alimentación Escolar (PAE), las Casas de Alimentación, el Plan de Atención a la Vulnerabilidad Nutricional, los Comedores Populares, el Componente Alimentario para Pueblos Originarios y El Plan de lactancia materna.

El documento evade la información recabada por su propio equipo en territorio venezolano, mostrando un análisis  ligero sobre la “escasez” y disponibilidad de alimentos, basadas en entrevistas realizadas a venezolanos fuera del territorio de nacional.

Preocupa además que en torno al derecho a la vida, la Alta Comisionada no sólo haya obviado la información suministrada por el Ministerio Público, sino que también “omitió hacer mención a las diferentes expresiones de violencia ejercidas por los manifestantes, especialmente durante los años 2013, 2014 y 2017, así como sobre las consecuencias de esa violencia y los casos de personas fallecidas y lesionadas. La Alta Comisionada pudo recabar abundante información sobre este asunto en su visita al país. Además, el gobierno indicó que al menos 9 funcionarios fallecieron y otros 1.263 resultaron lesionados entre los años 2017 y 2019, como consecuencia de la violencia ejercida por el sector opositor durante manifestaciones públicas”.

Finalmente, tampoco hizo referencia al impacto generado por las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos contra el país “El informe recomienda al Gobierno adoptar medidas para atender la situación de derechos humanos. En cambio, nada dice sobre la necesidad de levantar las medidas coercitivas unilaterales e ilegales impuestas al país. “Esta omisión es grave e injustificada, pues -entre otras cosas- implica un desconocimiento a las decisiones adoptadas por el Consejo de Derechos Humanos y los mandatos otorgados a la OACNUDH”.

Aseveraciones erróneas en el informe de Michelle Bachelet

Como parte de los desatinos del informe, se encuentran las aseveraciones erróneas e imprecisas sobre el sabotaje a los servicios públicos de hace unos meses, que afirman que 40 pacientes murieron como resultado de los “cortes de energía”.

Esta aseveración resulta errada y carente de rigor, pues durante el sabotaje eléctrico ocurrido en marzo de 2019 no se registraron pérdidas de vidas humanas que resulten atribuibles a la falta de electricidad.

La inmensa mayoría de los hospitales del país disponían de plantas eléctricas de respaldo. En aquellos establecimientos de salud donde no existe planta de respaldo o se registraron fallas, se activó un plan de contingencia de manera exitosa.

También alega que las listas de personas beneficiadas a través del Carnet de la Patria son administradas por “estructuras locales del partido gobernante”, siendo esta una aseveración falsa, ya que las personas beneficiadas con los diferentes programas se incorporan a los listados, sin discriminación, sólo con el cumplimiento de los requisitos del programa social.

La Alta Comisionada para los Derechos Humanos presentará su Informe ante el Consejo de Derechos Humanos este 5 de julio, donde también se contará con una participación del Estado venezolano en reacción al informe de la organización.

Fuente:

Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela

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